La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el pedido de Turquía para detener las demandas por las protestas de Washington en 2017
La Corte Suprema de Estados Unidos se negó el 31 de octubre a dar lugar al intento de Turquía de desestimar dos demandas presentadas por manifestantes que buscaban daños monetarios después de acusar a las fuerzas de seguridad turcas de herirlos en una protesta de 2017 en Washington durante una visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.
Los jueces rechazaron una apelación de Turquía de los fallos de los tribunales inferiores que permitían que prosiguiera el litigio, rechazando el argumento turco de que tenían inmunidad frente a tales acciones legales en los Estados Unidos en virtud de una ley federal llamada Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras.
El litigio se desató después de que miembros del destacamento de seguridad de Erdogan comenzaran a atacar y golpear a armenios, kurdos, yazidíes y otros manifestantes que se habían reunido el 6 de mayo de 2017 frente a la residencia del Embajador turco para protestar por las continuas violaciones de los derechos humanos en Ankara.
Erdogan estaba en Washington en ese momento para reunirse con el entonces presidente Donald Trump.
En 2018 se presentaron dos demandas, una presentada por 15 demandantes y la otra por cinco, que buscan responsabilizar al gobierno de Turquía y solicitan daños monetarios por lesiones que incluyen conmociones cerebrales, convulsiones y dientes perdidos. Los demandantes buscaban decenas de millones de dólares, según documentos judiciales.
La Ley de Inmunidades de Soberanos Extranjeros limita la jurisdicción de los tribunales estadounidenses sobre demandas contra gobiernos extranjeros.
Andreas Akaras, abogado de algunos de los manifestantes, dijo en un comunicado que él y sus colegas “esperan que Turquía rinda cuentas ante un tribunal de justicia por su ataque terrorista contra nuestros clientes”.
Turquía culpó de la pelea a los manifestantes, a los que vinculó con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). El jefe de policía de la capital estadounidense describió el incidente como un “ataque brutal” contra manifestantes pacíficos.
Se presentaron cargos de agresión criminal en Washington contra varios agentes de seguridad turcos y otras personas involucradas. Dos de los acusados, que no son miembros del equipo de seguridad de Erdogan, se declararon culpables. Los fiscales retiraron los cargos contra 11 agentes en 2018.
La administración del presidente Joe Biden había instado a la Corte Suprema a no escuchar la apelación de Turquía para evitar las demandas, diciendo que cuando el personal de seguridad extranjero despliega la fuerza de manera que no está relacionada con la protección de los funcionarios contra daños corporales, está actuando fuera de sus protecciones legales, según informó Reuters.
Los tribunales inferiores fallaron en contra de Turquía. El Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia de Estados Unidos dictaminó en 2021 que, si bien los miembros del destacamento de seguridad turco tenían derecho a proteger a Erdogan, sus acciones en este incidente no cumplieron con esa excepción.
Turquía había argumentado que el hecho de que la Corte Suprema no revocara ese fallo amenazaba con interrumpir las relaciones exteriores de Estados Unidos e “invita a la erosión recíproca de la inmunidad para los agentes de seguridad de Estados Unidos que protegen a los presidentes, diplomáticos y misiones estadounidenses en el extranjero”.