Human Rights Watch criticó al Gobierno de Armenia por presentar un proyecto de ley que viola la privacidad de la población
En un comunicado publicado el 31 de octubre, la organización de derechos humanos Human Rights Watch advirtió que el proyecto de ley del Gobierno de Armenia, que obligaría a instalar sistemas de videovigilancia con acceso policial las 24 horas en Ereván, amenaza la privacidad y otros derechos fundamentales.
El proyecto, que pasó su primera revisión parlamentaria en junio, requeriría que empresas privadas en Ereván instalen cámaras de seguridad y otorguen a la policía acceso en tiempo real y a grabaciones on demand. Además, las autoridades prevén el uso de inteligencia artificial para analizar las imágenes.
“La videovigilancia generalizada e indiscriminada conduciría inevitablemente a intrusiones injustificadas en la privacidad y no puede justificarse como medida para mejorar la seguridad pública en una democracia”, declaró Giorgi Gogia, director asociado para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “Este tipo de vigilancia en espacios públicos afectaría derechos civiles y políticos fundamentales”.
La propuesta, presentada en diciembre de 2022 y aprobada por el gobierno en abril de 2024, exige que empresas de distintos sectores instalen cámaras en entradas y alrededores de sus edificios, y mantengan las grabaciones por 15 días.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que la vigilancia masiva suele ser desproporcionada, dado que recopila datos personales sobre la identidad, los movimientos y las asociaciones de las personas. La Agencia de Protección de Datos de Armenia concluyó que el proyecto permitiría un “procesamiento ilimitado y continuo de datos personales” y generaría una “interferencia desproporcionada” con el derecho a la privacidad.
Diversas instituciones armenias, como el Ministerio de Justicia y el Banco Central, también cuestionaron la medida. A pesar de las críticas, el gobierno programó la votación parlamentaria para este año.
Human Rights Watch recomendó que el Gobierno explique el propósito y las implicancias de la videovigilancia, y que consulte a la Comisión de Venecia para evaluar la iniciativa en términos de derechos humanos. Gogia afirmó: “El gobierno debería dar de baja el proyecto o posponer su aprobación hasta abordar estas inquietudes”.