El robo descarado de las propiedades “abandonadas” por los armenios en el genocidio de 1915 (parte I)

El exterminio de los armenios del Imperio Otomano entre 1915 y 1923 fue un plan sistemático del Estado para acabar con la Cuestión Armenia. Aquí los detalles de la otra parte del plan, quedarse con sus bienes y propiedades.

A 110 años de comenzar la deportación masiva de ciudadanos armenios en el Imperio Otomano, en lo que fue el primer genocidio del siglo XX con el asesinato de 1,5 millón de armenios, realmente ya quedan pocos adjetivos, aun en un idioma muy rico como el español, para describir la conducta de la dirigencia turca y también de la sociedad turca que, a sabiendas de lo que estaba ocurriendo, prefirió callarse para, eventualmente, beneficiarse de la desgracia ajena.

No hay duda de que los turcos  -acá le cabe el sayo a otomanos y kemalistas- actuaron en forma premeditada, brutal, sanguinaria y sin miramientos por mujeres, niños, ancianos o enfermos.

Pero hay un calificativo surgido en las calles porteñas, que permite definir con bastante precisión la actitud de los turcos apropiándose indebidamente de las pertenencias muebles e inmuebles de los armenios deportados.

Entre 1915 y 1930 el Estado turco-otomano elaboró minuciosamente y sancionó nada menos que trece leyes y directivas destinadas a la confiscación masiva de propiedades supuestamente abandonadas por los armenios, en aquellos años trágicos de deportaciones y matanzas.

De modo, que no exageramos si tildamos de “ratas” a los turcos. Ya se sabe que incluso en el particular código de los malhechores, quien le roba a los muertos no merece ni siquiera el respeto de sus pares.

La profusión de material documental da cuenta de todo un sistema pensado para la apropiación, con mucho ingenio y una gran dosis de cinismo.

Los documentos fueron recopilados originalmente por investigadores turcos, dado que en su mayoría están en fuentes oficiales turcas, de difícil acceso. Incluso están redactados en la antigua escritura turca otomana, por lo que primero debieron traducirse a caracteres del alfabeto turco moderno y luego al inglés, lo que permitió difundir la información en los círculos académicos de Occidente.

Primeras alertas

El tema no es nuevo, aunque tuvo notoriedad hace algo más de una década a partir de importantes revelacionesimpulsadas por los investigadores turcos Nevzat Onaran, Mehmet Polatel y Ümit Kürt, entre otros, vinculadas a la formación del Estado turco moderno y la distribución de las propiedades, eufemísticamente llamadas “abandonadas” por los armenios entre el Imperio Otomano y la República de Turquía.

En su ensayo titulado ““Emval-i Metruke”, Ottoman and Turkish Republican Laws   “Abandoned Properties,” 1915-1930, el investigador armenio-estadounidense Garabet Moumdjian menciona un dato trascendental ocurrido durante la Conferencia de Paz de París en Versalles (1919).

Antes una aclaración: “Emval-i Metruke”se traduce como propiedades abandonadas y es un concepto que se empezó a usar en el final del Imperio Otomano para referiste a los bienes saqueados a los armenios.

“Avedís Aharonián y Boghós Nubár Pashá presentaron a la Conferencia de Paz de París, un memorando titulado ‘Tableau Aproximatif des Reparations et indemnities pour les Dommages Subris par le Nation Armenienne en Armenie de Turquie et dans la Republique Armenienne de Caucase’. La pérdida total se estimó en 14.500 millones de francos franceses de la época, que hoy equivalen a casi 100.000 millones de dólares estadounidenses”, señala Moumdjian en su trabajo.

Avedís Aharonián y Boghós Nubár Pashá encabezaron dos delegaciones negociadoras en la Conferencia de Paz, el primero representando al gobierno de Armenia de entonces y el segundo como delegado de las comunidades de la diáspora. Tras algunas desinteligencias iniciales ambos dirigentes decidieron trabajar juntos para obtener mejores resultados, en lo que fue el prólogo al Tratado de Sevrès de agosto de 1920.

Las duras leyes

Entre las leyes de la Era Otomana que conforman el corpus legal para confiscar bienes de los armenios pueden mencionarse:

Ley de Deportación: promulgada el 14 de mayo de 1915 (según el calendario Juliano vigente entonces) -hay una diferencia de 13 días con el calendario Gregoriano actual- dio validez legal a las deportaciones de individuos o familias armenias, en algunos incluso con el solo argumento de “presiento que son traidores”. Las deportaciones comenzaron en Bitlis y Van días antes de esta ley, incluso sin ninguna norma legal que las avalara.

Una decisión del Gobierno del 30 de mayo de 1915 se refiere al destino de las propiedades de los deportados, ordenando que los bienes y propiedades de los armenios se entregaran o vendieran a refugiados musulmanes, a través de comisiones que se formarían para tal fin. De allí surgió la ilustre y nefasta Comisión de la Organización de Bienes Abandonados.

Otra ley del 10 de junio de 1915 calificaba a las propiedades y bienes de los armenios como “bienes y activos abandonados”, o de “propietarios desconocidos”. Así, ante la falta de reclamo de los dueños originales -obviamente, al ser deportados y asesinados no podían hacerlo- el Estado tomaba parte y decidía a quién los entregaba o si se vendían, establecía a qué valor.

Pero dado que en muchos las órdenes de deportación eran con carácter de inminente, los armenios se veían obligados a malvender sus propiedades en muy corto plazo, lo que terminaba impactando en los precios de venta, dada la urgencia en partir.

La Ley de Liquidación del 13 de septiembre de 1915 estableció que, ante la ausencia de los propietarios, el Estado se hacía cargo de la distribución de los mismos.

Voces valientes

Pero incluso en ese contexto, hubo voces que se alzaron contra le enajenación de esos bienes. El diputado Ahmed Riza se quejó de esa política en el propio Parlamento y lo hizo de este modo:

“Es ilegal definir los bienes pertenecientes a alguien como bienes abandonados… Los armenios no han abandonado estos bienes por voluntad propia, sino que han sido deportados por la fuerza, y ahora el Gobierno obliga a sus funcionarios a venderlos. Si no doy mi consentimiento para la venta de mis bienes, nadie puede obligarme a hacerlo. El Artículo 21 de la Constitución prohíbe esta ilegalidad. Si existe Constitución y legalidad en este país, esto no se puede hacer. Es atroz… Pero, según la nueva legislación temporal, los bienes y propiedades de los armenios, incluida la familia Ohannes(ian), fueron definidos como "bienes abandonados" y fueron confiscados por el Estado”.

Riza intentó aplazar hasta el fin de la Primera Guerra Mundial la promulgación de la ley, pero sin éxito. Mientras tanto, los bienes de los armenios seguían siendo apropiados. Para 1918 casi la totalidad de los bienes habían sido entregados.

Henry Morghentau, embajador estadounidense ante el Imperio Otomano (1913-1916) fue testigo de esta política de exacción de boca del propio Talaat Pashá. El ministro del Interior le pidió que le diera la lista de los asegurados armenios en compañías norteamericanas, porque “podemos asumir que todos han fallecido sin herederos que puedan cobrar su seguro; por lo tanto, estas pólizas deben ser cobradas por el Estado como heredero legal”. El cinismo en estado puro. Morghentau, obviamente, se negó.

La Orden de Liquidación del 24 de noviembre de 1915 tenía cómo único fundamento liquidar los bienes de los armenios (y de algunos griegos deportados). Unos días antes, el 8 de noviembre, se había dictado una “Directiva para la aplicación de la legislación temporal del 14 de mayo de 1331 (1915)”.

Con el objetivo de acelerar el proceso se formaron 33 Comisiones de Liquidación, que abarcaban todo el territorio de Anatolia. Las Comisiones de Liquidación especifican los diferentes tipos de activos, debiendo haber 33 expedientes y 33 cuentas corrientes. Como se ve, toda una estructura burocrática y administrativa destinada a formalizar la confiscación ilegal de los bienes de los armenios.

Las Comisiones de Liquidación discriminaban entre diferentes tipos de activos, abriendo 14 subcuentas para efectivo, cuenta bancaria, cuentas por cobrar, posesiones, ingresos por ventas, activos transferidos a la tesorería, etc.

“Es evidente que se ha invertido un gran esfuerzo en tener un registro completo de la magnitud de los activos de las personas deportadas”, señala Garabet Moumdjian y reclama que se abran los Archivos Otomanos para tener acceso a la documentación de los expedientes de estas 33 Comisiones de Liquidación.

Carlos Boyadjian
Periodista
coboyadjian@yahoo.com.ar