Amnistía Internacional: Profundas críticas al régimen de Ilham Aliev

Amnesty.org.- Al menos seis destacados defensores de los derechos humanos fueron encarcelados y prominentes organizaciones de derechos humanos tuvieron que cerrar o interrumpir sus actividades. Continuaron los actos de hostigamiento y violencia y la presentación de cargos falsos contra periodistas independientes. La libertad de reunión continúa restringida. Hubo informes frecuentes de tortura y otros malos tratos.

Libertad de asociación

Dirigentes de ONG continuaron sufriendo amenazas y acoso por parte de las autoridades, incluidos registros de las fuerzas de seguridad, confiscación de material de trabajo y prohibiciones de viajar. Se impidió el funcionamiento de al menos diez destacadas ONG de derechos humanos al congelar sus cuentas bancarias para realizar una investigación criminal de gran relevancia, que comenzó en mayo.

Se introdujeron más restricciones en la legislación que afectaban a la inscripción y las actividades de las ONG y que se aplicaron arbitrariamente para abrir causas penales contra varios dirigentes de ONG. El 13 de mayo, la Fiscalía General puso en marcha una investigación sobre varias ONG nacionales y extranjeras que llevó a la detención de seis destacados defensores de los derechos humanos en relación con actividades de sus organizaciones.

Presos de conciencia

Las autoridades siguieron encarcelando a personas críticas con el gobierno, activistas políticos y periodistas. Al terminar el año había al menos veinte presos de conciencia.

El periodista Hilal Mammadov, condenado en años anteriores por posesión de drogas y traición, continuaba en prisión (foto). Khadija Ismayilova, crítica periodista de investigación que había publicado extensamente sobre corrupción y violaciones de derechos humanos, fue detenida el 5 de diciembre por “incitación al suicidio”. Además, también se enfrentaba a cargos de difamación criminal. Khadija Ismayilova había sufrido antes de su detención la persecución y el acoso de las autoridades, que incluso le prohibieron viajar.

Continuaron los procesamientos basados en cargos falsos -normalmente relacionados con drogas– por actividades de crítica a las autoridades a través de Internet y de las redes sociales. Entre estos casos estaban los de Rashad Ramazanov y Abdul Abilov, ambos detenidos y condenados en 2013 a nueve y cinco años y medio de prisión, respectivamente. El activista político Faraj Karimov, quien coordinó los populares grupos de Facebook para pedir la dimisión del presidente, y su hermano Siraj Karimov fueron detenidos en julio por cargos falsos relacionados con drogas.

Nueve activistas de NIDA, organización juvenil en favor de la democracia, fueron detenidos entre marzo y mayo de 2013 y en enero de 2014 por cargos falsos que iban desde posesión ilegal de armas y drogas hasta organización de disturbios públicos. En mayo fueron condenados a cumplir entre seis y ocho años de cárcel. Todos se declararon inocentes en el momento de su detención, aunque algunos confesaron posteriormente, al parecer bajo coacción. Shahin Novruzlu y Bakhtiyar Guliyev fueron puestos en libertad el 18 de octubre en aplicación de un indulto presidencial tras haber presentado peticiones de indulto al presidente en las que “reconocían” sus delitos. Los activistas Zaur Gurbanli y Uzeyir Mammadli quedaron en libertad el 29 de diciembre en virtud de un indulto presidencial. Mammad Azizov, Rashad Hasanov, Rashadat Akhundov, Ilkin Rustamzade y Omar Mammadov continuaron en prisión.

Los activistas de la oposición Ilgar Mammadov, Tofig Yagublu y Yadigar Sadigov, detenidos en 2013 por incitación al desorden público y vandalismo, fueron condenados a siete, cinco y seis (reducidos a cuatro en apelación) años de cárcel, respectivamente. El 22 de mayo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que el verdadero propósito de la detención de Ilgar Mammadov era “silenciarlo o castigarlo” por criticar al gobierno.

Como parte de una importante campaña de represión contra activistas de derechos humanos, se impuso prisión preventiva a seis destacados líderes de ONG acusados de fraude, actividad empresarial ilícita y “abuso de autoridad”.

El 26 de mayo, el presidente del Centro de Seguimiento de las Elecciones y Estudios sobre Democracia, Anar Mammadli, fue condenado a cinco años y seis meses de prisión, y su director ejecutivo, Bashir Suleymanli, a tres años y seis meses. La ONG había puesto al descubierto irregularidades electorales durante los comicios presidenciales de octubre de 2013.

Leyla Yunus, destacada defensora de los derechos humanos y directora del Instituto para la Paz y la Democracia, fue arrestada el 30 de julio; su detención fue seguida de la de su esposo, Arif Yunus, el 5 de agosto. Fueron acusados de “delitos” relacionados con el trabajo de su ONG, entre ellos el de traición, por actividades encaminadas a promover la paz y la reconciliación con Armenia sobre la disputada región de Nagorno Karabagh.

Rasul Jafarov, fundador de la ONG Human Rights Club, fue detenido el 2 de agosto. La organización no había conseguido su reconocimiento legal desde su establecimiento en 2010. Intigam Aliyev, abogado de derechos humanos muy conocido por ayudar a presentar decenas de casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fue detenido el 8 de agosto de 2014.

Los ex presos de conciencia Bakhtiyar Mammadov e Ihlam Amiraslanov, ambos defensores de los derechos humanos, fueron liberados el 9 de diciembre de 2013 y el 26 de mayo de 2014, respectivamente, en virtud de un indulto presidencial. El activista juvenil Dashgin Melikov quedó en libertad condicional el 8 de mayo de 2014, y el periodista Sardar Alibeyli fue liberado el 29 de diciembre de 2014.

Libertad de expresión

Continuaron las amenazas, la violencia y el hostigamiento contra periodistas independientes.

El 26 de diciembre, funcionarios de la Fiscalía registraron la sede del servicio azerí de Radio Free Europe/Radio Liberty sin una explicación oficial y la precintaron tras confiscar documentos y equipos. Una docena de empleados de la emisora fueron detenidos, interrogados y finalmente puestos en libertad tras firmar un documento de confidencialidad.

El 21 de agosto, Ilgar Nasibov, periodista y defensor de los derechos humanos azerbaidjano, sufrió una brutal paliza a manos de varios hombres que irrumpieron en las oficinas del Centro de Recursos para el Desarrollo de la Democracia y las ONG en Najicheván, “territorio autónomo” de Azerbaidján. El periodista sufrió graves lesiones en la cabeza, con rotura de huesos faciales. Las autoridades abrieron una investigación sobre un presunto agresor. Se presentaron cargos también contra Ilgar Nasibov por haberle pisado presuntamente el pie al agresor primero.

Libertad de reunión

Seguía estando prohibido en la práctica celebrar manifestaciones fuera de las zonas oficialmente designadas para hacerlo, que solían ser lugares apartados. En el centro de Bakú, la capital, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley recurrieron a la violencia y usaron fuerza excesiva para impedir y disolver reuniones pacíficas “no autorizadas” a lo largo del año.

El 1° de Mayo, alrededor de 25 activistas juveniles se congregaron pacíficamente en los jardines de Sabir, en Bakú, para conmemorar el Día Internacional del Trabajo. En pocos minutos, decenas de agentes de policía uniformados y vestidos de civil disolvieron violentamente la concentración, golpeando a los manifestantes y arrastrándolos al interior de vehículos policiales. Seis de los manifestantes fueron detenidos, incluidos dos menores de edad que quedaron en libertad ese mismo día. A los cuatro restantes los condenaron a cumplir entre 10 y 15 días de detención administrativa.

El 6 de mayo, unas 150 personas se congregaron pacíficamente en el exterior del edificio del tribunal de Bakú donde estaban siendo juzgados los activistas de NIDA (foto protestas), pero fueron dispersadas con violencia por agentes de policía uniformados y vestidos de civil. Al menos 26 manifestantes, entre ellos un periodista, fueron arrastrados hasta un autobús y conducidos a una comisaría de policía. Cinco manifestantes fueron condenados a cumplir entre 15 y 30 días de detención administrativa, y a 12 les fueron impuestas multas de 300 a 600 manats (380-760 dólares estadounidenses) por participar en una “manifestación no autorizada”.

Tortura y otros malos tratos

Se recibieron informes frecuentes sobre tortura y otros malos tratos, pero las denuncias no se investigaron eficazmente.

Kemale Benenyarli, activista del partido de oposición Frente Popular de Azerbaidján, fue detenida el 6 de mayo durante el juicio de los activistas de NIDA. Denunció que había sufrido palizas y otros malos tratos en la comisaría de distrito de Nasimi al negarse a firmar una “confesión” redactada por la policía. Luego le habían dado puñetazos y la habían llevado a rastras hasta una celda, donde había permanecido encerrada sin comida ni agua hasta la celebración de su juicio a la mañana siguiente.

Otro manifestante detenido, Orkhan Eyyubzade, denunció que lo habían desnudado y arrastrado por el pelo, le habían dado puñetazos y patadas y lo habían amenazado con violarlo tras enzarzarse en una discusión con agentes de policía durante su detención el 15 de mayo.

Tres de los activistas de NIDA detenidos, Mahammad Azizov, Bakhtiyar Guliyev y Shahin Novruzlu, aparecieron en la televisión nacional el 9 de marzo de 2013 “confesando” sus planes de usar la violencia y causar disturbios durante una inminente protesta callejera “no autorizada”. Mahammad Azizov contó a su abogado que lo habían amenazado con procesar a familiares suyos para que “confesara”. Shahin Novruzlu, que entonces tenía 17 años, fue interrogado sin que estuviera presente su tutor legal. Le faltaban cuatro dientes delanteros debido a los golpes recibidos cuando compareció posteriormente ante el tribunal. No se abrió ninguna investigación sobre sus malos tratos.