Armenia ratificó el Estatuto de Roma
El Gobierno del primer ministro de Armenia Nikol Pashinyan ratificó el 3 de octubre el Estatuto de Roma, una medida que implicará reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) y cumplir con la orden de arresto emitida en marzo contra el presidente de Rusia Vladimir Putin, acusado de crímenes de guerra en la guerra de Ucrania.
La ratificación del tratado internacional fue adoptada por la Asamblea Nacional con 60 votos a favor y 22 en contra, apoyada por el oficialismo que cuenta con mayoría en el Parlamento. Según el proyecto, se ratificará el Estatuto de Roma firmado el 17 de julio de 1998 y se reconocerá retroactivamente la competencia de la Corte Penal Internacional, que juzga crímenes de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra. La República de Armenia firmó el Estatuto el 1º de octubre de 1999, pero aún no había sido ratificado. El 13 de agosto de 2004, el Tribunal Constitucional de Armenia determinó que algunas de las obligaciones que debía asumir el Estatuto contradecían la Constitución de 1995, que fue reformada en 2005 y 2015.
Dmitry Peskov, secretario de prensa del Presidente de Rusia, advirtió días antes que la decisión de Armenia de ratificar el Estatuto de Roma sería "muy hostil" contra Rusia. "Confiamos en que semejantes decisiones no influyan negativamente en nuestras relaciones bilaterales (con Armenia), porque se trata de un estatuto del que no somos participantes ni reconocemos", agregó Peskov, quien aclaró que Putin no visitaría Armenia.
El día anterior, al referirse a los rumores de que Armenia abandonaría la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), el canciller ruso Sergey Lavrov declaró que esperaban que "ninguna administración temporal" destruya los lazos entre Rusia y Armenia, en una crítica directa contra Nikol Pashinyan. “Si, como han anunciado algunos líderes de Armenia, ahora decepcionados con Rusia y la OTSC, buscarán colegas en otro lado para fortalecer su propia seguridad, esta es su elección soberana, la elección de los líderes armenios. Pero todavía espero que los vínculos que existen desde hace siglos entre el pueblo ruso y el pueblo armenio no se destruyan por ninguna administración temporal”, dijo a RIA Novosti a los periodistas después de una reunión del Club de Debate Valdái.
El primer ministro Nikol Pashinyan había anunciado que su propuesta para aprobar el Estatuto de Roma tenía como objetivo juzgar "los crímenes de guerra cometidos durante la agresión contra el territorio soberano de la República de Armenia a partir del 12 de mayo de 2021" por parte de Azerbaiyán, a pesar de que Azerbaiyán no es un Estado firmante de Estatuto de Roma y no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
Artur Khachatryan, miembro de la Federación Revolucionaria Armenia (FRA - Tashnagtsutiún) y diputado de la Alianza Armenia, explicó luego de la ratificación parlamentaria que se trata de "una acción hostil de Armenia contra Rusia". "Desafortunadamente, nosotros, el pueblo, cargaremos con las consecuencias de esto", planteó.
La Alianza Armenia publicó un informe días atrás en el que explicaba en detalle los problemas que surgirían al ratificar el Estatuto de Roma.
"A pesar de que el Tribunal Constitucional el 24/03/23 emitió una conclusión positiva respecto de la conformidad del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional con la Constitución, creemos que el Tribunal Institucional se ha excedido en sus facultades constitucionales. Según la Constitución o la ley constitucional 'Sobre el Tribunal Constitucional', el Tribunal Institucional no podía discutir este tema. En otras palabras, el Tribunal Constitucional no tenía derecho a someter a examen el acuerdo internacional, en el que las obligaciones estipuladas por el Tribunal Constitucional ya habían sido reconocidas como contrarias a la Constitución, sin las correspondientes modificaciones constitucionales por el Tribunal Constitucional en 2004. Según la decisión SDO-502 del 13 de agosto, las obligaciones estipuladas en el Estatuto de Roma, según el cual la Corte Penal Internacional complementa los órganos de jurisdicción penal interna de la República de Armenia, así como la que se excluye el ejercicio del derecho a la amnistía y la posibilidad de amnistía de los condenados a través del procedimiento interno, no corresponden a la Constitución de la República de Armenia". Así, "la decisión de la Corte Suprema no está sujeta a cambios, es definitiva y a partir de su publicación está sujeta a implementación obligatoria" mientras que "el Tribunal Constitucional con justificaciones y motivos ficticios tomó una decisión que esencialmente contradice la actual decisión SDO-502".
"Aunque el fundamento menciona a la CPI como una herramienta eficaz para combatir el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, ni el fundamento ni nuestra investigación han registrado un caso en el que una persona o Estado que cometió estos crímenes haya sido castigado. Surge la pregunta: ¿existen ejemplos en los que la CPI haya logrado sus objetivos estatutarios, hayan sido castigados los jefes de Estado que cometieron crímenes o se haya frenado la agresión de algún Estado?", se preguntó la Alianza Armenia.
"Las autoridades armenias ven en los mecanismos e instituciones legales internacionales una posible forma de contrarrestar su política agresiva en las condiciones de militarización activa de Azerbaiyán. Por tanto, ¿hasta qué punto es adecuado y racional este enfoque ante los desafíos existentes? Si es una forma de responsabilizar a Azerbaiyán, así como de frenar y prevenir la agresión en curso de este último, entonces ¿por qué la parte armenia no presenta una solicitud a través del Consejo de Seguridad de la ONU a la CPI para investigar crímenes genocidas o contra la humanidad en Artsaj, como se hizo alguna vez sobre lo ocurrido en Sudán, teniendo el informe del ex fiscal de la CPI?. Existe tal mecanismo y no es necesario que Armenia sea miembro del Estatuto de Roma para su implementación", explicó la Alianza Armenia. Además, se recordó que el régimen de Nikol Pashinyan no pidió a otros países que impongan sanciones contra las autoridades de Azerbaiyán y personas sospechosas de haber cometido esos crímenes.
"¿Existe confianza en que la práctica actual de la CPI sea una garantía de que los dirigentes de Azerbaiyán algún día tendrán que rendir cuentas ante los mecanismos de la CPI, teniendo en cuenta el hecho de que Azerbaiyán y Turquía no son participantes y no van a hacerlo?. ¿Qué hará Armenia en caso de una hipotética decisión positiva de la CPI a favor de Armenia? ¿Se esforzará por su implementación o se contentará con la satisfacción moral y continuará con una 'cooperación estrecha y mutuamente beneficiosa' con Azerbaiyán?", continúa el análisis de la Alianza Armenia.
"La Alianza Armenia de la Asamblea Nacional considera inconstitucional la ratificación del Estatuto de Roma según el procedimiento presentado y cree que no puede ser un tema de discusión en la etapa actual (incluida la cuestión de su ratificación en la agenda de la Asamblea Nacional y votación es ilegal). Y en el caso de la implementación del mecanismo de adhesión al Estatuto de Roma con enmiendas a la Constitución, sólo podrá implementarse si se identifican plenamente los riesgos antes mencionados y se neutralizan o al menos se minimizan sus consecuencias negativas para Armenia y Artsaj".