¿Hacia dónde se dirige Turquía?

El pasado domingo 13 de marzo, Ankara, capital de Turquía, fue nuevamente víctima de un atentado terrorista en el cual murieron al menos 37 personas, con un saldo de cientos de heridos como consecuencia de la explosión de un coche bomba cerca de una estación de policía en plena capital de aquel país.

En los últimos meses la población turca sufrió cuatro atentados: el primero en octubre del 2015, el segundo en enero de 2016, el tercero en febrero de 2016 y el último, el pasado 13 de marzo. Sin embargo, lo importante es analizar los motivos y las razones de esta ola de atentados en Ankara y, a su vez, la situación política interna de ese país.

Por un lado, la intromisión de Ankara en los asuntos internos de Siria, la lucha contra el Estado Islámico y, por otro lado, la continua y fuerte batalla y el ataque a Kurdistán no hacen más que provocar reacciones de parte de los grupos rebeldes. A pesar de que ninguna acción terrorista es justificable, tampoco lo son las medidas y las acciones que lleva adelante el Gobierno de Recep Erdogan hacia la minoría kurda y mucho menos hacia la población civil en general.

El Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), en el poder desde 2003, enfrenta en la actualidad una difícil situación. Las amenazas desde el exterior y la presencia de un enemigo interno, declarado así por el Gobierno de Ankara, configuran una realidad política difícil de combatir para el mismo Gobierno turco, tanto en términos domésticos como externos. En ese sentido, se entiende, pero no se justifica, que Erdogan quiera modificar la ley antiterrorista turca luego del último atentado.

Por consiguiente, ¿por qué debería preocupar dicha reforma? La razón es muy simple: por un lado, la persecución a la minoría kurda se incrementará considerablemente, también hacia cualquier organización, grupo, minoría, y hacia periodistas vinculados con organizaciones consideradas como ilegales por el Gobierno turco. En este contexto, la ley penal de Turquía (TCK, según la sigla en turco) y la ley antiterrorista (TMK, según la sigla en turco) permiten que los periodistas sean investigados por razones políticas en lugar de legales. Por lo tanto, sobre ellos pesarán acusaciones que los vinculen a organizaciones declaradas ilegales por el Estado turco, sean estas armadas o no. Un ejemplo claro de esta política de Estado turca es la persecución y el hostigamiento continuos hacia la población armenia, como lo demuestra el crimen del periodista armenio Hrant Dink, quien fue brutalmente asesinado en el 2007 por los sectores conservadores y ultranacionalistas turcos, debido a que dicho periodista criticaba ciertas medidas del Gobierno y a su vez defendía los intereses del pueblo armenio. Cabe recordar que 1.500.000 armenios fueron masacrados y, a pesar de haber transcurrido cien años de la gran tragedia armenia, los sucesivos Gobiernos de Turquía llevan adelante una política de lobby negacionista.

La censura y la falta de libertad de expresión resultan moneda corriente en Turquía. En ese sentido, el diseño de la ley antiterrorista tiene un carácter preventivo: busca impedir cualquier tipo de manifestación contra el Gobierno, como las que se realizaron en Gezi en 2013. Entre otras cosas, permite al Gobierno aumentar su protestad para declarar el estado de emergencia, lo que viola los derechos civiles y humanos. Es importante destacar que recientemente la Fiscalía turca pidió cadena perpetua para dos periodistas acusados de espionaje y apoyó a un grupo “terrorista” luego de que estos escribieran una nota en un diario opositor al Gobierno acerca de la entrega de armas a rebeldes de Siria por parte de la inteligencia de Turquía.

En ese sentido, Human Rights Watch (HRW) criticó en su informe anual la represión de activistas y medios de comunicación críticos hacia las políticas y las acciones gubernamentales.

Más allá de esta situación, la principal dificultad la enfrentan Estados Unidos y Europa, que intentan apuntalar una democracia musulmana de gran importancia estratégica, teniendo en cuenta que Ankara es un miembro esencial de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y que se encuentra en una región por demás volátil e inestable.

Este dilema sin duda es clave en estos días, en momentos en los cuales Ángela Merkel, canciller de Alemania, busca alcanzar y sellar un acuerdo entre la Unión Europea y Turquía sobre los inmigrantes sirios. En dicha negociación, Erdogan está exigiendo la exención de visados para los turcos, la aceleración del proceso de integración entre la Unión Europea y Turquía; además, que Bruselas ignore las violaciones de los derechos humanos a cambio de su cooperación.

Considerando los puntos expuestos y haciendo referencia al reciente atentado, como era previsible, Erdogan adjudicó el acto a la bestia negra: el Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK), aunque un culpable más probable es un grupo escindido extremista, los Halcones de la Libertad del Kurdistán, que perpetró el ataque del 17 de febrero de Ankara. En ese sentido, el Gobierno de Ankara autorizó este lunes ataques aéreos de represalia contra objetivos del PKK en el norte de Irak.

El actual Gobierno del AKP de Erdogan enfrenta desde el año pasado una situación política tensa, marcada por el grado de acciones y medidas que atentan contra los valores políticos y estándares mínimos de un Estado de derecho al cual, en principio, parecería aspirar el partido gobernante desde el 2003. Sin embargo, el grado, la intensidad y la presión de las demandas están en constante aumento.

Por consiguiente, no caben dudas de que se evidencia una doble alerta temprana. Por un lado, existe un proceso continuo de desintegración social desde la misma ciudadanía turca y, por otro lado, un segundo frente que hace referencia a la situación de la minoría kurda. Este doble escenario se destaca y visualiza a través de la manipulación del Poder Judicial por parte de Erdogan, las continuas amenazas a los parlamentarios pro kurdos, en los límites a la libertad de prensa y el periodismo independiente, en la corrupción sin control, y en su intento por promulgar una nueva constitución.

En tal sentido, Erdogan y sus socios están frente a un año político complejo y turbulento, marcado por una sociedad turca que muestra un mayor grado de descontento, a la vez que las amenazas terroristas hacia la población civil siguen latentes.