Hito histórico: HOM llevó a la ONU el reclamo de justicia y derecho al retorno para la población armenia de Artsaj

La Asociación Civil Armenia de Beneficencia (HOM), conocida internacionalmente como Armenian Relief Society (ARS), llevó el 24 de septiembre a la sede de las Naciones Unidas en Ginebra el reclamo de justicia y del derecho al retorno de los armenios desplazados forzosamente de la República de Artsaj (Nagorno Karabaj). La iniciativa fue organizada junto al Centro Legal Armenio para la Justicia y los Derechos Humanos (ALC), como una actividad paralela al 63º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el Palacio de las Naciones.

El encuentro, titulado “Justicia para las mujeres y los niños armenios refugiados de Artsaj (Nagorno Karabaj)”, abordó la protección de los derechos durante el desplazamiento, el retorno colectivo, voluntario, seguro y digno, la restitución de propiedades, la preservación del patrimonio cultural y religioso y los mecanismos internacionales de justicia. La convocatoria puso especial énfasis en que las mujeres y los niños no sean considerados únicamente receptores de asistencia, sino protagonistas de las decisiones que afectan sus comunidades y su futuro.

A tres años del ataque de Azerbaiyán de septiembre de 2023, precedido por nueve meses de bloqueo del Corredor de Lachín, las intervenciones examinaron las consecuencias de la limpieza étnica y el desplazamiento forzado de más de 100.000 armenios. Durante la apertura se expresó una de las premisas centrales de la jornada: “La asistencia humanitaria puede ayudar a las personas a sobrevivir al desplazamiento, pero no puede reemplazar sus derechos”.

“La ayuda alimentaria no puede reemplazar un hogar. La vivienda temporal no puede reemplazar una comunidad. Y la asistencia no puede exigir que las personas renuncien a su identidad, su patrimonio, sus derechos de propiedad o a opciones reales para su futuro”, se planteó al inicio del panel.

HOM: “Un nuevo hogar en Armenia no borra los derechos vinculados al hogar perdido en Artsaj”

En la convocatoria previa al encuentro, la presidenta del Consejo Directivo Central de HOM, Arousyak Melkonian, había señalado: “La asistencia humanitaria atiende las necesidades inmediatas. La justicia para los refugiados nos exige preguntarnos qué viene después”. Según explicó, esto requiere “proteger a las personas durante el desplazamiento y, al mismo tiempo, abordar su derecho a determinar su futuro, sus derechos sobre la vivienda y la propiedad, su patrimonio cultural, el acceso a la justicia y las condiciones necesarias para un retorno voluntario, seguro, digno y sostenible”.

Durante la sesión, la representante de HOM recordó que la organización fue fundada en 1910 y tiene presencia en 26 países. “HOM trabaja dentro de las comunidades, no a distancia. Escuchamos, respondemos y construimos programas diseñados no solo para atender las necesidades inmediatas, sino también para fortalecer la dignidad, la resiliencia y la estabilidad a largo plazo”, expresó.

La exposición recorrió la presencia de la entidad en Artsaj: en 1992 estableció su filial en Stepanakert y creó el programa Hijos de Héroes Caídos, que desde su inicio patrocinó a cerca de 10.000 niños. En 1998 abrió su primer jardín de infantes Sosé en Stepanakert, al que siguió una red de establecimientos en distintas localidades. Durante la guerra de 2020, el jardín de Stepanakert se convirtió en un refugio frente a los bombardeos. También se desarrolló el programa Solar Artsakh, destinado a proporcionar sistemas solares de calentamiento de agua a las familias.

“Cuando HOM habla de Artsaj, no estamos hablando de un lugar lejano ni de un tercer país ajeno a nuestra experiencia institucional. Estamos hablando de una patria histórica armenia y de una comunidad en la que HOM estaba profundamente arraigada”, afirmó la representante. “Cuando llegó la guerra, no experimentamos sus consecuencias únicamente a través de informes o estadísticas. Las experimentamos a través de nuestras propias integrantes”.

“Las mismas mujeres que alguna vez ayudaron a familias desplazadas se convirtieron ellas mismas en desplazadas. Sin embargo, incluso en medio de su propia incertidumbre y dolor, continuaron sirviendo a los demás”, sostuvo. Tras el desplazamiento forzado de 2023, HOM volvió a movilizar asistencia de emergencia en Armenia y, mediante el programa Hearts of Hope —Corazones de Esperanza—, acompañó a familias de Artsaj para que pudieran establecer hogares estables.

“Pero un nuevo hogar en Armenia no borra los derechos vinculados al hogar que se perdió en Artsaj. Y es allí donde se encuentran la asistencia humanitaria y la justicia”, remarcó. “La asistencia humanitaria puede proporcionar alimentos, refugio, medicamentos, educación y seguridad. Pero no puede, por sí sola, restituir propiedades, proteger el patrimonio cultural y religioso, establecer responsabilidades ni garantizar los derechos de un pueblo desplazado”.

“Para HOM, Artsaj no es un expediente humanitario abstracto. Es un lugar donde servimos, donde construimos instituciones, donde nuestras voluntarias se organizaron y donde vivían nuestras integrantes”, concluyó, antes de reiterar el principio de la organización: “Para el pueblo, con el pueblo”.

Armine Aleksanyan: “La seguridad física es el comienzo de los derechos humanos, no el final”

La exviceministra de Relaciones Exteriores de la República de Artsaj e integrante del Comité para la Defensa de los Derechos Fundamentales del Pueblo de Artsaj, Armine Aleksanyan, abrió su intervención con un reclamo sobre la falta de representación de la población desplazada: “Estoy aquí hoy para hablar de los derechos de un pueblo cuya voz casi nunca se escucha. Lamentablemente, rara vez tiene una oportunidad como esta”.

“Quiero que miren la cuestión de los derechos humanos a través de los ojos de un niño que estuvo bajo un bloqueo seguido de una guerra, cuya infancia fue interrumpida por la guerra y el bloqueo. Quiero que también la miren a través de los ojos de su madre, que debe decidir cada día cómo alimentar a su hijo”, expresó. Aleksanyan también pidió considerar a los docentes que debían enseñar sin electricidad y en condiciones de frío a niños con hambre, y a las familias de los armenios encarcelados en Azerbaiyán, que continúan esperando el regreso de sus seres queridos.

La exfuncionaria recordó las dificultades de los adultos mayores y las personas con discapacidad para acceder a la atención médica durante el bloqueo. “Había hospitales, había médicos, había escasez de suministros médicos, pero no había combustible para que estas personas mayores pudieran visitar a sus médicos”, señaló. También describió la situación de las mujeres embarazadas, que debían caminar para realizar sus controles mientras padecían malnutrición.

Frente a los intentos de reducir la situación de los refugiados a su seguridad inmediata, afirmó: “La seguridad física es el comienzo de los derechos humanos. No es el final”. Sobre el retorno, agregó: “No estamos hablando de esto como un principio. Existe la orden de la Corte Internacional de Justicia sobre este derecho, publicada el 17 de noviembre de 2023”, y sostuvo que el regreso colectivo continúa pendiente de implementación.

“Tres años es mucho tiempo para que las personas experimenten la pérdida de sus hogares, de sus cementerios, de la iglesia donde solían rezar”, expresó. También reclamó que, durante el desplazamiento, los armenios de Artsaj puedan conservar su vida comunitaria: “Deben tener derecho a mantener su identidad, a mantener su dialecto, a mantener aquello que les es querido”.

Aleksanyan pidió a las Naciones Unidas pasar “de expresar preocupación a acciones más operativas”. Entre las medidas concretas, propuso establecer un monitoreo internacional de las condiciones de detención de los armenios encarcelados en Bakú, garantizar el contacto regular con sus familias y el acceso a atención médica adecuada y facilitar las visitas de sus seres queridos. Recordó que la última visita internacional imparcial que mencionó en su exposición había sido organizada por el Comité Internacional de la Cruz Roja en diciembre de 2025. “Desde entonces, no sabemos realmente cuál es la situación allí, aunque recibimos mensajes en video”, advirtió.

Sobre el patrimonio religioso, subrayó: “No estamos hablando de piedras. Estamos hablando de lugares de culto, de lugares que eran parte de nuestras vidas normales”. Vinculó su preservación con la posibilidad de recuperar la vida comunitaria, visitar las tumbas de los seres queridos y atender el trauma de los niños. “Tres años es mucho tiempo para un niño”, recordó.

“Los derechos humanos no están para ser un principio sobre el papel. Deben convertirse en algo que pueda activarse, ponerse en práctica y utilizarse para su propósito”, sostuvo. Y concluyó: “Si realmente queremos una paz sostenible, una paz duradera en el Cáucaso, debemos asegurarnos de que esté basada en los derechos humanos, no en extinguir los derechos humanos e intentar construir la paz”.

Silvia Fernández de Gurmendi: “Tienen derecho a volver a sus hogares concretos”

La diplomática y jueza argentina Silvia Fernández de Gurmendi, expresidenta de la Corte Penal Internacional, participó de manera remota desde Buenos Aires. Su exposición estuvo dedicada a las normas y los mecanismos internacionales relacionados con el derecho al retorno, la restitución de propiedades y la protección del patrimonio cultural.

“El derecho a regresar al propio país es un derecho humano fundamental consagrado en los principales tratados internacionales”, explicó. “Este derecho no es un mero privilegio concedido por un Estado, sino un componente inherente de la libertad individual y de la libertad de circulación”.

Fernández de Gurmendi mencionó el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 12, párrafo 4, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También destacó la interpretación del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el significado de “propio país”: “Es más amplio que la ciudadanía o la nacionalidad. Se extiende a personas que poseen vínculos estrechos, de larga data y duraderos con un país”.

La jurista remarcó que el regreso debe ser voluntario, seguro y digno, y explicó que la cuestión no se limita a permitir el ingreso a un territorio: “Las poblaciones no solo tienen derecho a cruzar la frontera para regresar a su país. Tienen derecho a volver a sus hogares concretos”.

Al referirse a los principios de las Naciones Unidas sobre restitución de viviendas y propiedades de refugiados y desplazados, citó: “Todos los refugiados y las personas desplazadas tienen derecho a regresar voluntariamente a sus antiguos hogares, tierras o lugares de residencia habitual, en condiciones de seguridad y dignidad”. Agregó que ese regreso debe basarse en “una elección individual, libre e informada”, acompañada de información completa y actualizada sobre las condiciones de seguridad física, material y jurídica.

“Los Estados están legalmente obligados a establecer mecanismos que permitan a los refugiados reclamar sus viviendas, tierras y propiedades originales”, sostuvo. También abordó la compensación económica cuando el retorno resulta imposible o inseguro y enfatizó: “El abandono de una propiedad bajo la amenaza de la fuerza militar o del hambre es jurídicamente nulo. No transfiere los derechos de propiedad al Estado que provoca el desplazamiento”.

Sobre las vías judiciales, señaló que, hacia mediados de 2026, abogados habían presentado más de 600 solicitudes individuales y colectivas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en representación de personas desplazadas. Explicó que estas presentaciones incluyen títulos de propiedad, documentación residencial de la época soviética, imágenes satelitales y registros de las propiedades anteriores al desplazamiento. También recordó el procedimiento iniciado por Armenia contra Azerbaiyán ante la Corte Internacional de Justicia y sus medidas relativas al patrimonio cultural armenio y al retorno.

Fernández de Gurmendi examinó, además, la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia sobre la destrucción deliberada y discriminatoria de edificios religiosos. Según explicó, esa destrucción puede constituir persecución, demostrar una estrategia para impedir el regreso de la población desplazada y servir como prueba de la intención genocida de destruir la identidad colectiva de un grupo.

En relación con la Corte Penal Internacional, recordó que “la deportación o el traslado forzoso de población pueden constituir un crimen de lesa humanidad”. “Existe una arquitectura jurídica clara que ofrece distintas vías para abordar esta situación”, concluyó, y llamó a reflexionar sobre las medidas prácticas necesarias para implementar ese marco, teniendo en cuenta el contexto político y sus desafíos.

Instituto Lemkin: “El genocidio de Artsaj continúa”

La cofundadora y directora ejecutiva del Instituto Lemkin para la Prevención del Genocidio, Elisa von Joeden-Forgey, centró su intervención en el carácter genocida de las políticas de Azerbaiyán contra los armenios de Artsaj. Recordó que el instituto publicó el 5 de septiembre de 2023 un informe de 128 páginas, dos semanas antes del ataque azerbaiyano, porque la ofensiva ya aparecía como inminente.

Según explicó, el análisis incluyó el bloqueo de nueve meses, los discursos del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, las violaciones del acuerdo de cese del fuego de noviembre de 2020 y la destrucción del patrimonio cultural armenio en los territorios ocupados desde ese año. “Todo parecía demostrar la intención específica de cometer genocidio”, afirmó. Sostuvo también que el arraigo del odio antiarmenio eliminacionista en el régimen y en sus instituciones llevó al instituto a concluir que “Azerbaiyán es un Estado genocida”, y que esa realidad debía abordarse antes de que pudiera existir paz en la región.

“El genocidio de Artsaj siguió uno de los patrones históricos más comunes de genocidio: atrocidades generalizadas, terror y expulsión”, señaló. Cuestionó, además, el uso de la expresión “limpieza étnica”, por considerar que puede ocultar la naturaleza genocida del crimen. “Un término utilizado por los perpetradores nunca debería incorporarse al lenguaje dominante para describir un crimen”, sostuvo, y vinculó el patrón de atrocidades y expulsión con el Genocidio Armenio, el Holocausto y el genocidio de Bosnia, entre otros casos.

La directora del Instituto Lemkin denunció el silencio internacional frente a las advertencias previas. “Azerbaiyán estaba cometiendo estos actos atroces entre 2020 y 2023 en el marco de un proceso de paz celebrado internacionalmente. Y después llegó el genocidio”, expresó. “Este fue un genocidio tan anunciado que es realmente raro en la historia de los genocidios que tengamos advertencias previas tan claras”.

“Es muy difícil hablar de justicia ahora, cuando no ha habido un reconocimiento honesto de la complicidad de la comunidad internacional en el genocidio contra el pueblo de Artsaj”, afirmó. En ese contexto, agregó: “Azerbaiyán demostró, de hecho, que se puede asesinar impunemente y después incluso recibir una invitación para organizar la COP29”.

Von Joeden-Forgey vinculó el retorno con la supervivencia de la identidad de la población armenia nativa de Artsaj. “Como comunidad indígena que dependía de la tierra, los armenios de Artsaj siguen siendo una comunidad amenazada y deben poder regresar a su territorio”, sostuvo. Mientras ese derecho no se materialice, reclamó una inversión significativa para documentar el genocidio, proteger la memoria, sostener la comunidad y transmitir su cultura a las próximas generaciones. También afirmó que la República de Artsaj “tenía y sigue teniendo argumentos sólidos a favor de la autodeterminación”, independientemente de los intereses de Azerbaiyán o de determinados acuerdos de seguridad regional.

“El genocidio de Artsaj continúa”, advirtió. “Un genocidio sigue en curso mientras haya personas que continúen cautivas o desaparecidas en manos de los perpetradores”. En ese marco, denunció que Azerbaiyán mantenía ilegalmente encarcelados a por lo menos 23 armenios de los conflictos de 2020, 2022 y 2023, bajo “acusaciones infundadas de terrorismo y otros supuestos delitos”. También señaló que Azerbaiyán continúa siendo una amenaza para Armenia y cuestionó la presentación del patrimonio armenio de Artsaj como supuesto patrimonio albanés caucásico.

“A los armenios de Artsaj se les dice repetidamente que simplemente lo superen o que no se puede hacer nada. Incluso algunos sectores de Armenia dicen esto”, sostuvo. Frente a esas posiciones, expresó su satisfacción por participar en un panel que demostraba que Artsaj no sería olvidado.

Entre sus propuestas, reclamó reconocer públicamente la amenaza de genocidio, financiar un equipo independiente de investigación, documentar los crímenes, promover la liberación de los detenidos y utilizar los instrumentos diplomáticos disponibles contra la impunidad del régimen de Aliyev. También pidió presionar a Azerbaiyán para que cese sus amenazas y establezca mecanismos internos de prevención del genocidio como condición para la ayuda exterior y el comercio.

La especialista incluyó entre las medidas necesarias la reforma de los sectores educativo y de seguridad azerbaiyanos, el apoyo humanitario y económico a los armenios de Artsaj y el reconocimiento de su derecho a la autodeterminación y de sus esfuerzos de construcción institucional democrática. “Los armenios no pueden vivir bajo la autoridad y el poder de Azerbaiyán sin reformas y transformaciones significativas del Estado azerbaiyano”, afirmó. Planteó estas acciones como bases para un proceso de justicia restaurativa y transformadora que permita construir una paz duradera.

Marina Mesure: “La Comisión Europea eligió el silencio”

La eurodiputada francesa Marina Mesure cuestionó la respuesta de las instituciones europeas ante el bloqueo y la posterior ofensiva azerbaiyana. “La Comisión Europea eligió el silencio. Es una decisión política, porque para mí no hay, no puede haber neutralidad entre un Estado que lleva adelante una limpieza étnica y el pueblo que es su víctima”, afirmó.

Mesure recordó que uno de sus primeros discursos en el Parlamento Europeo estuvo dirigido contra el acuerdo gasífero firmado en julio de 2022 en Bakú entre Ursula von der Leyen y el régimen de Aliyev. Cuestionó la decisión de fortalecer económicamente a un régimen autoritario y remarcó: “Después de eso, el régimen de Aliyev llevó adelante una limpieza étnica, borrando a los armenios de su patria en una semana”.

La legisladora diferenció esa conducta de las resoluciones aprobadas por el Parlamento Europeo contra el bloqueo, la ofensiva militar, el encarcelamiento ilegal y los juicios contra los rehenes armenios. “En cada uno de los textos tenemos demandas centrales: proteger el patrimonio cultural armenio, liberar a los rehenes y garantizar el derecho de las personas desplazadas a regresar a sus hogares”, señaló. “Vi una brecha enorme entre las votaciones del Parlamento Europeo en Estrasburgo y los acuerdos de la Comisión en Bakú”.

Mesure relató que en julio viajó a Armenia para reunirse con personas expulsadas de Artsaj y con organismos que trabajan en la protección de sus derechos. Recordó especialmente su encuentro con los niños: “Cuando me iba, me dijeron algo que todavía resuena hoy: ‘No nos olviden’”. “Por supuesto, no los vamos a olvidar”, expresó.

Tras esa visita, presentó preguntas escritas a la Comisión Europea sobre el derecho al retorno, la destrucción del patrimonio armenio y los rehenes encarcelados en Bakú. Destacó una respuesta del 21 de agosto en la que la Comisión sostuvo que el patrimonio cultural de todas las comunidades debe ser protegido y que debe respetarse el derecho al retorno de los desplazados y refugiados. “La pregunta ahora es cuándo va a actuar la Comisión. Está bien decir las cosas, pero es mejor actuar”, reclamó. También pidió una respuesta del Consejo Europeo y recordó las resoluciones del Senado y la Asamblea Nacional de Francia.

La eurodiputada cuestionó, además, la visita de una delegación internacional a Artsaj los días 11 y 12 de septiembre, en la que participó la representante especial de la Unión Europea para el Cáucaso Sur, Magdalena Grono. Señaló que el recorrido fue organizado por las propias autoridades azerbaiyanas y atravesó “una región vaciada de su población armenia”, donde monasterios armenios milenarios fueron presentados como supuesto patrimonio albanés caucásico.

“Es una falsificación vergonzosa”, afirmó. Criticó que posteriormente se hablara de visiones y narrativas divergentes sobre el origen de esos sitios: “Como si hubiera dos verdades. Como si la historia documentada y la propaganda estatal merecieran estar una al lado de la otra en un plano de igualdad”.

“Cuando la diplomacia europea coloca la verdad y la mentira en el mismo nivel, definitivamente no está siendo neutral”, sostuvo. También cuestionó que el embajador francés elogiara la reconstrucción en Artsaj “sin una sola palabra sobre los armenios que todavía vivían allí hace tres años y sobre su derecho al retorno”.

Mesure aclaró que no se trataba de interferir en las decisiones de Armenia, a la que definió como un país independiente y soberano cuyo futuro corresponde decidir a los armenios. Al mismo tiempo, reivindicó la defensa del derecho internacional y de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Señaló como exigencias no negociables el reconocimiento de los derechos de los refugiados, la protección del patrimonio cultural, la justicia para quienes continúan encarcelados y el derecho a regresar al hogar.

Gegham Stepanyan: “El derecho al retorno no es una moneda de cambio política”

El defensor de los derechos humanos de la República de Artsaj, Gegham Stepanyan, dedicó su intervención a las condiciones de vida de los desplazados en Armenia y a los obstáculos para preservar sus derechos individuales y colectivos. “Tres años después, debemos reconocer que, aunque los programas de asistencia de corto plazo proporcionaron cierto grado de estabilidad en el período inicial, hoy, cuando esos programas fueron terminados o reducidos significativamente y el apoyo internacional disminuyó de manera importante, la población desplazada, incluidos miles de mujeres y niños, se encuentra en condiciones sociales excepcionalmente graves”, advirtió.

Stepanyan identificó el acceso a una vivienda adecuada como una de las principales dificultades. Explicó que las familias habían dependido de asignaciones mensuales de 120 dólares por persona para cubrir alquileres y servicios básicos, pero que esa ayuda había sido recortada o suspendida. “El programa de vivienda del gobierno sigue estando fuera del alcance de la mayoría de las familias desplazadas”, sostuvo.

“Tres años después, solo 4.000 de las 25.000 familias desplazadas tienen una vivienda propia. Todas las demás siguen alquilando y luchando cada mes para pagar alquileres que no dejan de aumentar”, afirmó. También indicó que apenas unas 25.000 personas desplazadas contaban con empleos formales e ingresos estables y estimó el desempleo entre la población desplazada en aproximadamente el 60%.

Según el defensor, esta situación está impulsando una nueva migración: “Más de 25.000 armenios de Artsaj ya se fueron y fueron forzados a una emigración secundaria, buscando sobrevivir en tierras extranjeras”. Advirtió que, además de la marginación socioeconómica, los refugiados enfrentan un clima político y público adverso.

“En lugar de una solidaridad incondicional y de la preservación institucional de nuestra identidad colectiva, nos hemos convertido cada vez más en blanco de estigmatización pública y discursos de odio”, denunció. Agregó que esas narrativas divisivas son con frecuencia respaldadas, normalizadas o utilizadas como instrumentos por figuras políticas y por el partido gobernante.

“Bajo el disfraz del pragmatismo político, se impone la amnesia colectiva. Se dicta que el capítulo de Artsaj debe cerrarse definitivamente, que nuestro patrimonio cultural colectivo y nuestras propiedades son reliquias del pasado y que cualquier mención de Artsaj o de nuestro derecho al retorno es peligrosa o ilegítima”, expresó.

Frente a esas posiciones, Stepanyan afirmó: “Seamos muy precisos. El derecho al retorno no es una moneda de cambio política. Es un derecho humano inalienable y jurídicamente vinculante”. Su intervención cerró con un llamado a una respuesta internacional efectiva: “Los derechos humanos no pueden defenderse mediante una diplomacia silenciosa mientras una comunidad enteramente desplazada es desmantelada económicamente y silenciada políticamente”.