Ilham Aliyev transita el camino hacia la Corte Penal Internacional
La crisis humanitaria que enfrenta Artsaj por los bombardeos de las fuerzas turco-azeríes a la población civil y el uso de bombas racimo constituyen crímenes de guerra, un delito tipificado por el alto tribunal con sede en La Haya.
Un niño juega con sus amigos en una zona rural, se divierten y el entorno parece tranquilo, hasta que de pronto ven un objeto llamativo entre las malezas y se acercan. El niño toma aquello que parece ser un objeto o un juguete olvidado por alguien. Y de pronto una inesperada explosión transforma en un calvario ese momento de diversión. Sangre y destrucción por todos lados. Algunos no se levantarán más del suelo, a otros se les nublará la vista para siempre.
Esta historia que parece parte del guión de una serie de Netflix, sin embargo, es un suceso real. El niño en cuestión no es otro que el actual Ombudsman de la República de Artsaj (Nagorno Karabaj), Artak Beglaryan, y el hecho fue narrado por él mismo hace apenas unos días.
"Nos enfrentamos a una catástrofe humanitaria. Y en Stepanakert, en otros asentamientos, hay miles, si no decenas de miles, de artefactos explosivos sin detonar que podrían poner en peligro la vida y la salud de los civiles, especialmente los niños, durante muchos años", explicó Beglaryan ante la prensa acreditada en la capital de Artsaj.
Y con tono autobiográfico, agregó: "Me gustaría usar esto, especialmente, porque fui herido por la explosión de una mina a la edad de 6 años después de la guerra y perdí la vista. Cientos de niños como yo han perdido la vida o la salud. No solo niños, pero ha habido muchos casos entre ellos", aseguró con emoción pero también con firmeza, el funcionario artsají.
Las declaraciones fueron realizadas durante la difusión de un informe de la Defensoría del Pueblo, que da cuenta de la utilización indiscriminada de bombas de racimo o cluster contra la población civil, en el marco del conflicto por la soberanía de la región. Según Amnesty International entre el 5% y el 20% de las bombas racimo no explotan, entrañando un peligro mayúsculo para los habitantes de esas regiones durante años o décadas.
Ésta y otras acciones bélicas llevadas adelante por Azerbaiyán -también por Turquía-, violando las normas internacionales en materia de conflictos armados, podrían sentar al presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, en el banquillo de los acusados ante la Corte Penal Internacional con sede en La Haya (Países Bajos). Es que incluso la guerra tiene su marco de referencia y sus convenciones.
El mandatario azerí haría bien en utilizar parte de las regalías petroleras para asesorarse y que le expliquen que no todo está permitido en la arena política internacional. Ni siquiera en la guerra.
La Justicia llegará
Cada día que pasa y engrosa el largo prontuario que ostenta Ilham Aliyev, el líder autocrático azerí se acerca un paso más a la instancia en que deberá rendir cuentas en los tribunales por su accionar contra el pueblo armenio.
Desde su creación el 17 de julio de 1998 como resultado del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional (CPI) tiene a su cargo "juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad". Sólo para aclararlo, no puede juzgar hechos ocurridos antes de su creación, por eso no es aplicable a los genocidas turcos de 1915-23.
El artículo 5 del Estatuto de Roma delimita los cuatro crímenes que puede tratar la Corte y explicita sus alcances en artículos sucesivos. Así, el delito de genocidio se explicita en el artículo 6, los crímenes de lesa humanidad en el art. 7, los crímenes de guerra (art. 8) y los crímenes de agresión (art. 8 bis, según Resolución 6 del 11/06/2010 de la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma).
Lejos de toda pretensión jurídica en un tema tan complejo como éste, prima facie habría argumentos para sentar en el banquillo a Aliyev por crímenes de guerra y crímenes de agresión.
En el primer caso, la Corte incluye "el asesinato o los maltratos de los prisioneros de guerra o náufragos", "la destrucción sin motivos de ciudades y pueblos" y la "devastación que no se justifique por la necesidad militar".
Las noticias que a diario llegan desde Stepanakert, Shushí o Martakert, son elocuentes en cuanto a la destrucción de las ciudades y la infraestructura civil, mientras que en el caso de los prisioneros de guerra sólo hay que recordar la ejecución de dos prisioneros armenios, viralizado por las propias autoridades de Azerbaiyán.
En cuanto al crimen de agresión, entró en vigor en 2010 y la propia CPI especifica que se trata de la "invasión de un Estado por otro", "el ataque de fuerzas armadas de un Estado contra otras de otro Estado o contra la población civil de éste" y "el bombardeo".
Y suma dos causales de jucio más que involucran directamente a Turquía y a su presidente Recep Tayyip Erdogan. Se trata de la "disposición de un territorio propio de un Estado para que otro Estado pueda agredir a un tercero", y el "envío por parte de un Estado de grupos irregulares o mercenarios que lleven a cabo actos armados contra otro Estado".
Con las bombas aún golpeando a las ciudades de Artsaj aún no es momento de pensar en la Corte Penal Internacional, pero tanto el gobierno de Armenia como el de la República de Artsaj y las comunidades de la diápora deberían ir trabajando en este plano, para evitar que los crímenes queden sin castigo.
"Daños colaterales"
Las bombas racimo o cluster son arrojadas desde mar, tierra o aire, y cuentan con un sistema programado para desplegar múltiples pequeñas bombas a distintas alturas (entre 900 y 90 metros), para multiplicar así el impacto destructivo en la zona atacada. Del tamaño de una latita de gaseosa o cerveza, este tipo de bombas suele tener alguna tira de color para atraer la atención de la gente, logrando así un efecto tipo "cazabobos".
El uso de este tipo de armas está expresamente prohibido por la Convención sobre Municiones en Racimo, adoptada por numerosos países en Dublín el 30 de mayo de 2008, entrando en vigor el 1 de agosto de 2010. Hasta el momento ha sido suscrito por 108 países, entre los que no figura Turquía, ni Azerbaiyán, y justo es decirlo, tampoco Armenia.
Desde que las fuerzas conjuntas turco-azeríes bombardearon inesperadamente a las Repúblicas de Artsaj y Armenia el pasado 27 de septiembre, desatando una nueva guerra en el Cáucaso sur, el ataque a las poblaciones armenias con armas prohibidas fue práctica cotidiana.
En un reciente video desde un edificio en ruinas en Stepanakert, Artak Beglaryan destacó que Azerbaiyán ha atacado la capital de Artsaj "disparando hacia infraestructura y edificios civiles con artillería pesada, incluyendo bombas de cluster y misiles, como resultado de lo cual tenemos víctimas civiles".
Calificó de "desastre humanitario" la situación que se vive en Artsaj e hizo un llamado a la comunidad internacional para reaccionar apropiadamente. "Hay que dejar de hablar y empezar a actuar. No sean ciegos", dijo con sinceridad el hombre que hace casi tres décadas perdió la visión al estallar una mina dejada por los azeríes en su huida de Artsaj.
Según el último informe de la Defensoría del Pueblo, presentado el sábado 17 de octubre, desde el 27 de septiembre murieron 36 civiles y se registraron 115 heridos, la gran mayoría de gravedad, como resultado de los indiscriminados ataques que llegaron hasta 130 pueblos y ciudades de norte a sur de la República de Artsaj.
En esos golpes de artillería sufrieron importantes daños 7800 inmuebles, 1310 obras infraestructura de importante pública o industrial, además de puentes, vías de transporte, escuelas, jardines de infantes, hospitales, centros de atención sanitaria y centros culturales, resumió el informe.
Carlos Boyadjian
Periodista
coboyadjian@yahoo.com.ar