La federalización del reconocimiento

El “Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos” en memoria del genocidio del que fue víctima el pueblo armenio legalizó la fecha en que gran parte de la comunidad expresa su reclamo hacia el Estado negacionista turco. Luego de la declaración de Alfonsín, que explicitó su posición en 1987, y del Congreso que lo votara por unanimidad y fuera vetado, en 1995, los primeros días del 2007 expondrían al mundo que el Poder Ejecutivo habilitaba una norma, impulsada por todos los bloques, que reconocía el Genocidio Armenio.

Cuando la Ley entró en vigor, generó un fuerte impacto en el plano internacional, especialmente en Sudamérica. Sin embargo, para que surtiera efecto a nivel federal, fue necesario un trabajo fronteras adentro. El artículo cuarto invitaba a las provincias a adherir, pero como ocurre con otras normas esto no se generó de forma automática. El CNA entendió desde el inicio que era imprescindible sumarlas, y tuvo en una primera etapa el insustituible apoyo del INADI, que a través de sus delegaciones impulsó las adhesiones. Salvo en escasas provincias, que cuentan con comunidad armenia, en la amplia mayoría no había un solo antecedente legislativo en la materia.

Ahora bien, ¿cuál es la importancia de que cada provincia adhiera? En tanto el Estado argentino delega facultades en ellas, operativamente es imprescindible para garantizarle igualdad de condiciones a estudiantes y trabajadores del estado nacional y de los provinciales. En el plano simbólico, es honrar el espíritu de la norma, que no se limita a otorgar derechos a un colectivo determinado, sino que promueve el recuerdo de este Genocidio con la mirada en el presente y el futuro, para toda la sociedad. La adhesión a la Ley 26.199, entonces, funciona como una forma de introducir en la agenda de muchas de las provincias, como un primer paso para realizar actividades conmemorativas e incorporarlo en el calendario escolar. En este punto, es imprescindible remarcar cómo el lobby negacionista de Turquía y Azerbaiyán ha intentado avanzar en las provincias, con promesas y donaciones, con las que intentan instalarse como amigables socios, imagen que lejos está de lo que los organismos internacionales que velan por los Derechos Humanos reseñan sobre ellos. A la lucha contra la indiferencia, se le superpone la lucha contra el lobby negacionista.

Aunque resulte difícil de creer, sus embajadas han llegado al extremo de contactar legisladores provinciales para convencerlos de que cualquier definición por la “posición armenia” atentaba contra el intento de resolución que impulsaban la República de Armenia y la de Turquía, es decir, los protocolos firmados en Zurich en 2009, que fueron resistidos por amplios sectores de la armenidad y nunca entraron en vigor. Durante estos doce años, con un gran esfuerzo, prácticamente todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirieron a la Ley 26.199. Por citar un caso, Entre Ríos, que fuera víctima del lobby turco, a partir de su adhesión en 2016 ha realizado ininterrumpidamente acciones formativas y conmemorativas. Desde fines del 2017 nuevamente el INADI, a través del panel “El negacionismo como forma de discriminación” que se replica en diferentes provincias, colabora con la reinserción de la temática en algunas de ellas. Restan solamente Formosa y Santiago del Estero, con cuyos representantes estamos trabajando activamente, para poder decir que tenemos una Ley nacional y federal.

Una norma que en cada rincón del país permite sentar las bases para desplegar políticas por memoria, verdad, justicia y reparación, contra la indiferencia y el negacionismo, al tiempo que aporta hacia la prevención y la búsqueda de sanción de los delitos de lesa humanidad.

Nicolás Sabuncuyan

Director del Consejo Nacional Armenio de Argentina