Lapidario informe del Parlamento Europeo sobre Turquía: "Grave retroceso de las libertades fundamentales" y "política exterior beligerante"

El Parlamento Europeo adoptó en su plenario un informe 2019-2020 sobre Turquía el 19 de mayo en el que se criticó el "apoyo incondicional a las acciones militares de Azerbaiyán" en la guerra contra Armenia y Artsaj en 2020, se condenó el "traslado de combatientes extranjeros desde Siria y otros lugares a Nagorno Karabaj" y se advirtió sobre un "grave retroceso de las libertades fundamentales, que se plasma en la deteriorada situación de los derechos humanos en Turquía y la continua erosión de la democracia y del Estado de Derecho".

La entrada de Turquía a la Unión Europea: "en un punto muerto"

El informe de Europa señaló que hay un "distanciamiento continuo y cada vez mayor de Turquía con respecto a las normas y valores europeos en los últimos años" a pesar de ser un país que busca entrar a la Unión Europea (UE). Además, advirtió que "las acciones unilaterales de Turquía en el Mediterráneo oriental, así como declaraciones firmes y, en ocasiones, provocadoras contra la Unión y sus Estados miembros, han conllevado que las relaciones entre Turquía y la Unión se encuentren en uno de los peores momentos de su historia".

En ese sentido, Europa observó una "falta de voluntad política de Turquía para aplicar las reformas exigidas en el marco del proceso de adhesión y su incapacidad de abordar las graves preocupaciones de la Unión por el Estado de Derecho y los derechos fundamentales". En ese sentido, las negociaciones por el proceso de adhesión de Turquía a la UE se encuentran "en punto muerto".

Más adelante, se describió que en Turquía hay un "retroceso en cuanto al Estado de Derecho y los derechos fundamentales", "adopción de reformas institucionales regresivas" y una "política exterior beligerante y basada en la confrontación, también hacia la Unión y sus Estados miembros, especialmente Grecia y Chipre".

Si bien reconoce que "Turquía es un país con importancia estratégica en los ámbitos político, económico y de la política exterior, un socio clave para la estabilidad de toda la región, y aliado con el que la Unión desea mantener las mejores relaciones posibles, también dentro de la OTAN", el Parlamento Europeo "lamenta que todas estas perspectivas de una relación positiva se vean frustradas por la actual política de los dirigentes de Turquía, entre otras cosas por la actitud desestabilizadora de este país en la región y por sus acciones unilaterales que hacen caso omiso del derecho internacional".

Falta de libertades y deterioro de la situación de los derechos humanos

Más adelante, Europa denunció un "grave retroceso de las libertades fundamentales, que se plasma en la deteriorada situación de los derechos humanos en Turquía y la continua erosión de la democracia y del Estado de Derecho", un "deterioro de las libertades fundamentales" que "precede al período del estado de excepción declarado tras el intento de golpe de Estado de 2016".

También se advirtió una "política de Estado deliberada, implacable y sistemática, que se aplica a todas las actividades críticas, como el activismo político pacífico sobre cuestiones de interés para el pueblo kurdo y aleví, las protestas y manifestaciones pacíficas llevadas a cabo por extrabajadores del sector público, activistas por los derechos de la mujer y de las personas LGTBI y víctimas del estado de excepción, o incluso a acontecimientos que tuvieron lugar antes del intento de golpe de Estado, como las protestas del parque de Gezi".

El Parlamento Europeo manifestó también su "preocupación por que el movimiento racista y de extrema derecha Ülkücü, conocido como los «Lobos Grises» y estrechamente vinculado al partido MHP (Partido del Movimiento Nacionalista)" que "se esté extendiendo por la propia Turquía, pero también por Estados miembros de la Unión". En ese sentido, "pide a la Unión y a sus Estados miembros que estudien la posibilidad de agregar a los Lobos Grises a la lista de terroristas de la Unión y de prohibir sus asociaciones y organizaciones en países de la Unión, vigilar estrechamente sus actividades y combatir su influencia, que resulta especialmente amenazante para personas de origen kurdo, armenio o griego, y para cualquiera al que consideren un oponente".

Luego de criticar fuertemente la falta de independencia del poder judicial, Europa marcó su preocupación por el no cumplimiento por parte de Turquía con las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

En relación a la falta de libertad de expresión en el país, el Parlamento Europeo denunció que existen "medidas desproporcionadas y arbitrarias que restringen la libertad de expresión, la libertad de los medios de comunicación y el acceso a la información en Turquía, en medio de una asfixiante falta de pluralismo en los medios, que con frecuencia utilizan indebidamente la legislación contra el terrorismo con el objetivo de acallar las críticas".

Sobre este punto, se instó a Turquía a que "se abstenga de detener y procesar a periodistas y defensores de los derechos humanos con el fin de intimidarles o disuadirles de informar libremente sobre cuestiones relativas a los derechos humanos" y que "investigue con prontitud y de manera independiente los casos denunciados de intimidación y acoso de defensores de los derechos humanos, periodistas, académicos y activistas de la sociedad civil, y a que exija cuentas a los responsables de estos abusos".

También se criticó la "presión continuada y los ataques permanentes de los que son objeto los partidos de la oposición en Turquía", principalmente el Partido Democrático de los Pueblos (HDP) y "condena enérgicamente que sigan detenidos desde noviembre de 2016 Figen Yüksekdağ y Selahattin Demirtaș, antiguos copresidentes del HDP y este último también líder de la oposición y excandidato presidencial, y Gülten Kışanak, la antigua alcaldesa de Diyarbakır". Europa "manifiesta su preocupación por la preparación de investigaciones por parte del Fiscal General de Ankara para levantar la inmunidad parlamentaria de otros nueve diputados del HDP —incluidos Pervin Buldan, el actual copresidente del HDP, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Garo Paylan, Hüda Kaya, Sezai Temelli, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Pero Dündar y Fatma Kurtulan— para que puedan ser procesados por su supuesto papel en las protestas de 2014 en Kobane".

A continuación se condenó que "Osman Kavala, figura destacada y respetada de la sociedad civil, fuese detenido de nuevo pocas horas después de su absolución en febrero de 2020 y que lleve en prisión más de tres años por cargos falsos, lo que constituye una flagrante negativa a acatar la sentencia firme del TEDH, y el posterior llamamiento del Comité de Ministros del Consejo de Europa" y se consideró que "la nueva causa y acusación contra él y el académico estadounidense Henri Barkey —por espiar e intentar presuntamente derrocar el orden constitucional de Turquía— son infundadas y carentes de pruebas y, por lo tanto, responden a motivaciones políticas".

Seguidamente, se expresó una "profunda preocupación por las continuas acusaciones de detenciones violentas, palizas, tortura, maltrato y trato cruel, inhumano o degradante bajo custodia policial y militar y en prisión, así como por los casos de desapariciones forzadas en los últimos cuatro años, por el hecho de que los fiscales no lleven a cabo investigaciones significativas de estas acusaciones y por la cultura generalizada de impunidad de los miembros de las fuerzas de seguridad y los funcionarios públicos implicados", mientras que se pidió al Gobierno turco que "aclare la suerte de los cientos de personas desaparecidas y que dé por fin un respuesta a las Cumartesi Anneleri («Madres de los Sábados»), que se han reunido ya más de ochocientas veces para pedir justicia; insta a las autoridades turcas a que investiguen las denuncias persistentes y creíbles de tortura y maltrato bajo custodia y a que exijan cuentas a los responsables".

Retrocesos en la defensa de minorías y cuestiones de género

Sobre los derechos de las minorías y de los grupos vulnerables, "incluidas las mujeres y los niños, las personas LGBTI, los refugiados, las minorías étnicas, como los romaníes, los ciudadanos turcos de ascendencia griega y armenia y las minorías religiosas, como los cristianos, los judíos o los alevíes" se pidió al Gobierno turco que se protejan sus derechos y se ponga en marcha una legislación "que incluya una prohibición de toda discriminación por motivos de origen étnico, religión, lengua, ciudadanía, orientación sexual e identidad de género, y medidas de lucha contra el racismo, la homofobia y la transfobia".

Ulteriormente, se "condenó enérgicamente" la "decisión del Gobierno de Turquía de retirarse del Convenio de Estambul, alejando a Turquía de las normas internacionales y de la Unión y poniendo gravemente en cuestión sus compromisos de prevención de la violencia contra las mujeres y de promoción de los derechos de las mujeres, lo que constituye una clara señal del grave deterioro de los derechos humanos en el país", mientras que Europa consideró esa decisión como "incomprensible" dado que "Turquía fue el primer país en firmarlo y ratificarlo".

En relación a la "conversión de monumento histórico-religioso de Santa Sofía en una mezquita sin previo diálogo", Europa planteó que lamentaba la decisión y "podría violar la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural de la UNESCO", por lo que "pide al Gobierno de Turquía que reconsidere esta decisión y la revoque".

En cuanto a la política, se expresó una "profunda preocupación por el uso cada vez más frecuente por parte de la élite gobernante de un discurso excesivamente nacionalista e incendiario" y el "peso creciente del conservadurismo religioso en la vida política". También se rechazó la "destitución y el encarcelamiento de al menos 47 alcaldes democráticamente elegidos (como los alcaldes de Diyarbakir, Van, Mardin y, más recientemente, Kars) sobre la base de pruebas cuestionables y, en particular, su sustitución arbitraria por administradores no electos nombrados por el Gobierno central", decisiones que consideró "ilegales" y un "ataque directo a los principios más básicos de la democracia".

Condena a las intervenciones militares turcas en Siria y el apoyo a Azerbaiyán en la guerra de Nagorno Karabaj

Con respecto a la participación de Turquía en conflictos bélicos regionales, Europa condenó "enérgicamente" las "intervenciones militares turcas en Siria, que constituyen violaciones graves del Derecho internacional y corren el riesgo de socavar la estabilidad y la seguridad de la región en su conjunto" y pidieron al Gobierno turco que "ponga fin a su ocupación ilegal del norte de Siria y Afrin y que retire sus fuerzas militares y paramilitares subsidiarias". También se expresó una "honda preocupación" y enérgica condena por el "traslado de combatientes y mercenarios de grupos yihadistas radicados en el norte de Siria a Libia y al conflicto de Nagorno Karabaj".

Más adelante, se condenó "el hecho de que, en lugar de abogar por el cese de la violencia y la reanudación de unas negociaciones pacíficas sobre la base del apoyo a los esfuerzos de los copresidentes Grupo de Minsk de la OSCE, Turquía optara, por su parte, por brindar apoyo incondicional a las acciones militares de Azerbaiyán en el reciente conflicto de Nagorno Karabaj, recurriendo de este modo a una retórica provocativa que alimenta las tensiones en lugar de reducirlas". También se condenó "el traslado de combatientes extranjeros desde Siria y otros lugares a Nagorno Karabaj, como han confirmado los países copresidentes del Grupo de Minsk de la OSCE" y se pidió a Turquía que "se abstenga de cualquier actividad y declaración que pueda exacerbar aún más las tensiones en la región del Cáucaso Meridional y que respalde el diálogo internacional y el proceso de paz bajo los auspicios del Grupo de Minsk de la OSCE".

La reacción de Turquía

La Cancillería turca emitió un comunicado ese mismo día en el que calificó al informe como "inaceptable", "unilateral y de ninguna manera objetivo". "Rechazamos este texto sesgado que no solo incluye acusaciones falsas sobre los derechos humanos, la democracia, el estado de derecho, nuestro sistema de gobierno y partidos políticos; y considera que la política exterior emprendedora, humanitaria, eficaz, orientada a las soluciones y de Turquía es una amenaza; pero también refleja los argumentos griegos y grecochipriotas completamente injustos y tendenciosos con respecto a la cuestión del Egeo, el Mediterráneo oriental y Chipre y apoya las narrativas armenias unilaterales e inconsistentes con respecto a los eventos de 1915", dijo la Cancillería turca en su comunicado negacionista del Genocidio Armenio.