Luis Moreno Ocampo publicará un informe para determinar si Azerbaiyán está cometiendo un genocidio contra Artsaj
El abogado argentino Luis Moreno Ocampo anunció el 30 de julio que publicará un informe para determinar si Azerbaiyán está cometiendo un genocidio contra la población de Artsaj (Nagorno Karabaj) y Armenia.
"El presidente de Artsaj preguntó: ¿es el bloqueo de Azerbaiyán un nuevo genocidio contra los armenios? Me siento honrado de ayudar a detener el Genocidio Armenio de 2023. A pedido del presidente de Artsaj, produciré en 7 días un informe para detener el Genocidio Armenio en Artsaj", declaró desde sus redes sociales.
El 29 de julio, el presidente de la República de Artsaj, Arayik Harutyunyan, envió una carta a Luis Moreno Ocampo, pidiendo al especialista en derecho internacional, primer fiscal de la Corte Penal Internacional (2003-2012) y profesor de las universidades de Harvard y Yale, su opinión como experto sobre si la profundización del bloqueo de Artsaj corresponde un delito de genocidio.
Luis Moreno Ocampo fue el fiscal adjunto del Juicio a las Juntas en Argentina en 1985, donde se juzgó por primera vez a los máximos responsables de la última dictadura.
El exjuez argentino e integrante del tribunal del Juicio a las Juntas, León Carlos Arslanián, aseguró que la solicitud de consulta al experto constituyó "un gran acierto", "y también lo será -seguramente- su respuesta", según declaró ante la consulta de Diario ARMENIA.
El bloqueo genocida de Azerbaiyán contra Artsaj
Desde el 12 de diciembre de 2022, un grupo de operaciones especiales de Azerbaiyán disfrazado de civiles ambientalistas bloquearon la carretera Stepanakert – Goris del Corredor de Lachin. Durante el bloqueo, el grupo azerbaiyano recibió asistencia directa de las autoridades de Azerbaiyán, realizaron gestos de la organización racista Lobos Grises y provocaron a las fuerzas de paz de Rusia. Irónicamente, muchos de los autodenominados “ambientalistas” llevaban tapados de cuero animal y hasta mataron a una paloma en un video que se viralizó en las redes sociales. Las autoridades azerbaiyanas cortaron el suministro de gas natural a Artsaj durante el invierno, así como también las telecomunicaciones e internet, mientras que no permiten la reparación de la infraestructura de electricidad.
Un total de 120.000 personas en Artsaj son mantenidas bajo asedio y sin posibilidad de recibir alimentos, medicina o bienes básicos, mientras que 1.100 personas, incluidos 270 niños, no pudieron regresar de Armenia a Artsaj. El 14 de diciembre, el presidente de Artsaj, Arayik Harutyunyan, decretó la ley marcial en el territorio para garantizar la seguridad de la población y la correcta distribución de alimentos, medicamentos y bienes esenciales. Un paciente de 44 años murió el 19 de diciembre por no haber podido recibir atención médica necesaria. Hasta el momento, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Francia, Argentina, Uruguay, España, Chipre, Grecia, Canadá, Países Bajos, Luxemburgo, Noruega y Lituania pidieron a Azerbaiyán que desbloquee el Corredor de Lachin. El 22 de febrero, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, determinó que Azerbaiyán debe “tomar todas las medidas a su alcance para garantizar la libre circulación de personas, vehículos y carga a lo largo del Corredor de Lachin en ambas direcciones”, orden que fue inclumplida por Azerbaiyán a pesar de ser un fallo vinculante. El 21 de marzo se cumplieron 100 días del bloqueo genocida y la Defensoría de los Derechos Humanos de Artsaj publicó un informe en el que enumeró todas las violaciones a los derechos humanos que sufrieron las 120.000 personas de Artsaj. El 23 de abril, Azerbaiyán estableció un puesto de control militar en la entrada de la carretera y oficializó el bloqueo, abandonando la fachada de la supuesta protesta ambiental. El 12 de junio, al cumplirse 6 meses del bloqueo, las autoridades publicaron un informe con las consecuencias del desastre humanitario causado por Azerbaiyán.
Desde el 15 de junio, Azerbaiyán prohibió la entrada de ayuda humanitaria a la población entregada por las tropas de paz de Rusia y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y bloqueó la entrada del puente Hakari. El 6 de julio, la CIJ reafirmó su fallo del 22 de febrero de 2023 en el que exigió a Azerbaiyán que garantice el libre movimiento a lo largo del Corredor de Lachin. El 26 de julio, Azerbaiyán impidió que un convoy con toneladas de ayuda humanitaria fuera entregado a Artsaj. El 29 de julio, Azerbaiyán secuestró a Vagif Khachatryan, un paciente de 68 años mientras era trasladado por la Cruz Roja para recibir tratamiento médico, lo enjuició con cargos falsos y lo encarceló en Bakú.