"Por revelar sus manejos en Siria, Erdogan me metió en la cárcel", dice Can Dürdun

Un debate tan viejo como el gobierno mismo figura en el orden del día de Turquía. Esta vez el tema lo revitalizó un envío secreto de armas del gobierno turco.

A principios de 2014, un camión que se supone pertenecía al servicio de inteligencia turco (MIT) fue detenido cerca de la frontera con Siria. La gendarmería y los funcionarios de inteligencia al mando del convoy se apuntaron mutuamente con sus armas. En ese momento se enfrentaban cara a cara los dos bloques que se disputan el Estado. El vehículo fue registrado. Debajo del camuflaje se encontraron cajas de medicinas, armas y municiones. El camión fue retenido durante un rato, pero tras la intervención de funcionarios del gobierno se le garantizó un tránsito seguro a Siria.

El gobierno destituyó de inmediato al fiscal y a los responsables de la gendarmería que habían detenido el camión y ordenó su arresto. Se declaró que los camiones contenían ayuda humanitaria. Se echó tierra rápidamente sobre este incidente, que alimentaba las alegaciones de que el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan estaba interviniendo en la guerra civil siria.

No obstante, en mayo de 2015, Cumhuriyet, el diario para el que trabajo como jefe de redacción, adquirió la filmación de este incidente. Era claramente visible que el camión iba cargado de armas. Se documentaba así que el servicio de inteligencia transportaba ilegalmente armas para la guerra civil que arrasaba un país vecino. Se trataba de una gran noticia. Publicamos los detalles de la operación con fotografías y subimos el video a nuestra página en la Red.

Erdogan se encontraba en apuros. No podía negar la historia, de modo que eligió en cambio censurar la publicación y amenazar al periodista responsable, que era yo. En una transmisión en directo en la cadena televisiva estatal, declaró: “la persona que escribió esta historia pagará por ello un alto precio; no permitiré que quede sin castigo”.

Añadió que la filmación era “secreto de Estado”, y que publicarla constituía un acto de “espionaje”. Además, como si quisiera confirmar que no se trataba de un secreto de Estado sino de su secreto, presentó una demanda personal en la fiscalía.

El castigo que pedía para mí consistía en dos condenas a cadena perpetua, por “traición” y por “adquirir y publicar información clasificada con propósitos de espionaje”. Esta fue la señal para la detención de aquellos de nosotros que éramos bien conscientes de que los deseos del presidente de la República son órdenes para los jueces de los tribunales. Así pues, me detuvieron el 26 de noviembre junto a Erdem Gül, nuestro corresponsal jefe en Ankara, que publicó la información de la gendarmería “Sí, los camiones tenían armas”. Justo diez días antes, había recogido el premio a la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras en nombre de Cumhuriyet.

Tras las críticas a las detenciones por parte de la prensa nacional e internacional y de organizaciones de derechos humanos, el ministro de Justicia declaró que “todos los países son sensibles en materia de seguridad” y citó como ejemplos a Julian Assange y Edward Snowden. El embajador norteamericano en Turquía le respondió: “Nosotros perseguimos a quienes filtraron la información, no a quienes la publicaron”.

Éste fue otro golpe para el opresivo régimen de Erdogan, que se ha hundido en los índices relativos a la libertad de prensa. También ha suscitado preguntas que han surgido una y otra vez en muchos escándalos, del Irán-Contra al Watergate, de las Papeles del Pentágono al asunto Clive Ponting (funcionario de la administración británica que filtró en 1984 documentos sobre la guerra de las Malvinas a un parlamentario laborista). Cuando la necesidad de seguridad del Estado entra en contradicción con el derecho de la opinión pública a la información, ¿cuál tiene prioridad? ¿Puede la amenaza de la seguridad ser una excusa para los intentos del gobierno de amordazar a los medios?

Cuando el sello de “secreto de Estado” se ha convertido en un velo que oculta los sucios manejos de las administraciones, ¿no es obligación de los periodistas rasgarlo? ¿Quién determina qué es lo mejor para el interés de la sociedad?

Como periodista sometido a régimen de aislamiento en una cárcel de Estambul, y que ha de afrontar acusaciones de “espionaje”, he tratado de encontrar respuesta a estas preguntas. Mi conclusión es que ninguna etiqueta de “secreto de Estado” y ningún argumento de “seguridad del Estado” permiten un crimen de Estado. Así que me defiendo con las palabras de Winston Churchill: “La Ley de Secretos Oficiales se concibió para proteger la defensa nacional…y no debería utilizarse para proteger a ministros que tienen un fuerte interés personal en ocultar la verdad”.

Can Dürdun redactor jefe del diario turco Cumhuriyet.

Fuente: The Guardian, 28 de diciembre de 2015