Qué es la sección 907 y por qué es clave para frenar a Azerbaiyán
Crecen las demandas para que el gobierno de Estados Unidos suspenda la ayuda militar a Bakú. Desde 2002 año tras año se dicta un “waiver” para no considerar las restricciones que establece la norma.
El involucramiento de congresistas estadounidenses en la tensa situación del Cáucaso Sur, tras la agresión de Azerbaiyán contra Armenia iniciada el 13 de septiembre, volvió a poner sobre la mesa un tema recurrente, pero por el momento sin solución, que es la asistencia militar de Estados Unidos al régimen dictatorial de Ilham Aliyev.
Se trata de la Sección 907 de la United States Freedom Support Act, una ley sancionada por el Congreso de Estados Unidos en 1992, cuyo nombre completo es Ley de asistencia a la Libertad de Rusia y las Democracias Euroasiáticas Emergentes y de Apoyo a los Mercados Abiertos.
En el mundo post soviético de comienzos de los años 90, la asistencia de Occidente y en especial de Estados Unidos en los países recientemente independizados era un salvoconducto y una garantía para que las exrepúblicas soviéticas abrazaran la idea de dirigir su mirada hacia la democracia y los valores de apertura y libre mercado.
Pero algo falló, al menos en el caso de Azerbaiyán, aunque no fue el único caso. En los últimos 30 años Azerbaiyán tuvo sólo dos presidentes y ambos de la misma “dinastía”.
Entre 1993 y 2003 dirigió los destinos del país Heydar Aliyev, un ex oficial de alto rango del KGB, la agencia de inteligencia y la policía secreta de la Unión Soviética. Entre 1969 y 1982 encabezó el Soviet Supremo de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán, luego de lo cual y por cinco años hasta 1987 revistó como primer Viceprimer ministro de la Unión Soviética.
El 31 de diciembre de 2003 Heydar Aliyev dejó la presidencia del país en manos de su hijo Ilham, que gobierna hasta la actualidad y ya lleva casi 19 años ininterrumpidos en el poder. Democracia y respeto por los derechos humanos, bien gracias, es una quimera en el orden de prioridades políticas azerí.
Pero en ese lapso rigió la llamada Sección 907 de la citada ley norteamericana, el paraguas bajo el cual, con el argumento de favorecer la instauración y el fortalecimiento de la democracia, Estados Unidos destina miles de millones de dólares anuales en equipamiento y tecnología militar a Azerbaiyán.
Como es sabido, gran parte de ese arsenal fue utilizado en los últimos años contra la población de Artsaj y ciudadanos de la República de Armenia.
Armenofobia a la carta
Durante la presidencia de Ilham Aliyev el gobierno de Bakú tuvo una verdadera obsesión por atacar militarmente a la República de Armenia y la autoproclamada República de Artsaj.
Algunos hitos en el cuaderno de bitácora de Aliyev son la Guerra de los 4 días en abril de 2016, los ataques armados en la provincia de Tavush al nordeste de Armenia en julio de 2020, una agresión en el marco de la cual el propio Aliyev amenazó con hacer volar la Central Atómica de Metsamor, ubicada a unos 30 kilómetros de Ereván.
Las innumerables tensiones en la frontera armenio-azerí y en la región de Artsaj siempre tuvieron como instigador al régimen autoritario de Azerbaiyán, que insistió una y otra vez con tomar por la fuerza las regiones de Syunik y Gegharkunik, y hasta la ciudad de Ereván, a la que el dictador azerí se refiere como Erivan, además de abrir el “corredor de Zankezúr” hasta Najicheván.
Pero el punto máximo de la agresión militar contra los armenios fue, sin dudas, el inicio de la segunda guerra de Artsaj, con los ataques a gran escala iniciados el 27 de septiembre de 2020, utilizando tecnología de drones (UAV), artillería pesada y misiles de corto alcance contra la población civil en la República de Artsaj.
Esa guerra duró 44 días, y allí se utilizó equipamiento militar de origen turco, estadounidense e israelí, bombas racimo prohibidas por la legislación internacional y granadas de fósforo blanco provistas, según versiones nunca desmentidas, por Ucrania.
El saldo de la guerra fueron casi 5000 jóvenes armenios muertos, entre soldados y civiles, centenares de desplazados, y la destrucción de infraestructura energética, hospitales, colegios, edificios de viviendas e infraestructura vial.
Tras la firma del cese el fuego el 9 de noviembre de 2020, se suponía que la situación se tranquilizaría, sin embargo, el 12 de noviembre en una incursión a traición tropas azeríes ingresaron por la noche a poblados bajo control armenio cerca de Hadrut al sur de Shushí, asesinando a una decena de personas y tomando más de 20 prisioneros, que todavía están en cautiverio.
Las agresiones militares continuaron con intermitencias, a través de disparos que siempre provienen de Azerbaiyán hacia territorio armenio, a pesar de la presencia de unas 5000 tropas rusas que integran las fuerzas de paz desplegadas por Moscú como parte de acuerdo tripartito (Rusia, Armenia y Azerbaiyán) del 9 de noviembre de 2020.
El 12 de mayo de 2021 tropas azeríes ingresaron en diversas áreas de la frontera, violando la integridad territorial de Armenia, y ocupando ilegalmente unos 40 km2 de territorio soberano. Todavía permanecen allí. Y el último episodio relevante fue la incursión de tropas azerbaiyanas en Jermuk, Gorís, Vardenís y otras localidades de frontera el 13 de septiembre pasado, en una escalada bélica contra Armenia que llamó la atención de la comunidad internacional.
Presión mundial
La magnitud y virulencia de los ataques contra Armenia y los crímenes de guerra cometidos por soldados azeríes, como mutilaciones, torturas y hasta el asesinato a sangre fría de siete soldados armenios que se habían rendido, alarmó a los gobiernos occidentales, que desde hace más de un mes diariamente instan al gobierno de Bakú a retirarse del territorio soberano armenio y liberar a los prisioneros de guerra.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y tercera en la sucesión presidencial, Nancy Pelosi, viajó inmediatamente a Armenia -llegó e 17 de septiembre- y allí confirmó que el Consejo Nacional Armenio de Estados Unidos (ANCA) pidió formalmente “cesar la ayuda militar a Azerbaiyán a través de la Sección 907”.
“Cortar la ayuda a Azerbaiyán, además de proteger a los armenios y promover la paz, reforzaría el compromiso de Estados Unidos de centrar los derechos humanos como un principio fundamental de nuestra política exterior”, señaló entonces Raffi Hamparian, presidente del ANCA. Es una decisión que debe tomar el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
Fuentes del ANCA confirmaron que desde la última incursión de Azerbaiyán, más de 45 miembros del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos han condenado la agresión del presidente Ilham Aliyev contra Armenia.
En una acción conjunta bipartidista y junto a los líderes del Caucus armenio del Congreso, unos 25 legisladores presentaron el 27 de septiembre una legislación (H.Res.1351) que pide el “fin inmediato de la ayuda estadounidense a Azerbaiyán” y condena el ataque no provocado del presidente Aliyev contra Armenia y Artsaj.
Por su parte el senador Bob Menendez, presidente de Comité de Relaciones Exteriores el Senado, junto al senador Marco Rubio,pidieron concretamente al secretario de Estado Anthony Blinken “detener toda asistencia de seguridad a Azerbaiyán”.
Hasta el momento no hubo novedades respecto de una decisión de frenar la asistencia militar.
Mientras tanto, dada la política agresiva de Turquía en el Mediterráneo Oriental contra países como Grecia y Chipre, analistas en Atenas están empezando a dirigir reclamos a los representantes y senadores estadounidenses para aplicar una interpretación creativa de la Sección 907 para Turquía.
El argumento es el abierto apoyo y asistencia militar de Ankara a Bakú en el conflicto contra Armenia, y la política expansionista y agresiva hacia sus vecinos de origen no túrquico.
Carlos Boyadjian
Periodista
coboyadjian@yahoo.com.ar